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México no debe tener poderes absolutos: CNDH

Publicado

en

El Universal

 

Ciudad de México.- Los derechos humanos no pueden interpretarse a la luz de intereses políticos o ideológicos, pues constituyen la mejor protección contra cualquier tentación autoritaria, indicó el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez.

Durante la presentación de su informe de labores 2018 ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el ombudsperson nacional afirmó que las violaciones a los derechos humanos no son negociables y que la responsabilidad en el ejercicio de la función de los jueces no admiten condicionamientos o sesgo alguno más allá de la interpretación de los hechos planteados y probados en los expedientes.

“El Poder Judicial de la Federación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como integrantes del sistema institucional y democrático de pesos y contrapesos previsto por la Constitución, son la mejor garantía que tiene la sociedad mexicana de que la verdad y la justicia son posibles y accesibles para cualquier persona.

En México no puede haber poderes absolutos. Las autoridades de los distintos órdenes del gobierno, así como los poderes públicos con independencia de filiaciones o intereses políticos, deben sujetar sus actos a lo previsto en la Constitución y en sus leyes”, señaló.

Agregó que nadie puede oponerse a que se revisen las estructuras del poder, que se investigue y se sancione la corrupción, se abata la impunidad y que los recursos públicos se mejoren.

“En 2018, México no superó la crisis que enfrenta desde hace años en materia de derechos humanos, que se acentuó en varios aspectos ante la falta de respuestas efectivas a problemas graves como inseguridad, impunidad, miles de personas desaparecidas tortura, desplazamiento forzado “, afirmó.

González Pérez enfatizó en que las autoridades que no aceptan las recomendaciones emitidas por la CNDH contribuyen a la existencia de impunidad, arbitrariedad y abuso de poder.

“No hay programa de gobierno o política económica cuyo cumplimiento o aplicación pueda excusar la vulneración de derechos humanos o el debilitamiento de la institucionalidad democrática para promover o preservar decisiones autoritarias”, indicó.

 

 

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