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Nacional

SFP tiene 7 pesquisas contra Carlos Lomelí

Publicado

en

El Universal

 

Ciudad de México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) tiene abiertas siete investigaciones en contra del exsuperdelegado en Jalisco, Carlos Lomelí, por probables conductas irregulares, que van desde cohecho, conflicto de interés, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, explicó que de acuerdo con las diligencias que la dependencia realiza, cuatro investigaciones son por empresas relacionadas con Lomelí y tres más por conductas contrarias a la ley que se sancionan por medio de procedimientos administrativos disciplinarios.

El pasado viernes, Lomelí Bolaños renunció a su cargo como delegado de Programas para el Desarrollo del gobierno federal en Jalisco, tras señalamientos de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad de formar parte de una supuesta red de empresas que venden medicamento al gobierno que encabeza López Obrador.

En mayo pasado, Mexicanos Contra la Corrupción publicó una investigación periodística con la que documentó que Lomelí Bolaños está vinculado a una red de empresas farmacéuticas que ha obtenido contratos gubernamentales por miles de millones de pesos entre 2012 y 2019.

Sólo una de esas empresas, Abisalud, ganó en los primeros cinco meses de 2019 más de 164 millones de pesos en contratos.

Sandoval Ballesteros indicó que los expedientes abiertos contra el exfuncionario se basan en diligencias e investigaciones hechas por las distintas unidades de la Función Pública, además de información recabada en la Oficialía Mayor y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Salud y contralorías de cinco estados.

En Palacio Nacional, reiteró que en la administración de Andrés Manuel López Obrador no se tolerará el conflicto de interés, y que “quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la Cuarta Transformación”.

Señaló que el exfuncionario podría recibir una inhabilitación hasta por 20 años e incluso enfrentar cargos penales.

La secretaria destacó que el gobierno del Presidente no avanza a costa de “quiñazos”, ajustes de cuentas, persecuciones y encarcelamientos de líderes políticos y sindicales incómodos, sino sobre el apego al Estado de derecho y a la construcción de nuevas leyes que nos permitan avanzar en la ética pública del nuevo signo que exige la transformación del país.

 

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