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Nacional

Exgobernador Mario Anguiano se “entrega” a la Fiscalía de Colima

El Universal

Colima, Col.- El exgobernador de Colima, el priista Mario Anguiano Moreno, se “entregó” la tarde de este jueves a la Fiscalía del estado pues asegura que no tiene dinero para pagar la sanción de 515 millones de pesos que le impuso el Congreso local por la contratación irregular, en 2015, de un crédito de más de 638 millones de pesos que además fue utilizado para dar liquidez a las finanzas estatales y no para los fines establecidos.

El exfuncionario, que ha denunciado persecución política por parte del actual gobernador, el también priista Ignacio Peralta Sánchez, acudió a la Fiscalía acompañado de medio millar de personas que caminaron con él desde el Jardín Moralete, en la capital del estado, y ante una agente del Ministerio Público afirmó que estaba a disposición de la autoridad.

“Estoy de acuerdo en que procedan contra mis bienes, pero sé que no cubren ni una mínima parte de la sanción, es una cantidad que no puedo pagar ni en cinco vidas, por eso vengo para que si hay elementos contra mí se proceda de una vez”, señaló Anguiano Moreno.

La representante social le pidió al exmandatario que le explicara mejor el caso y cuando éste dijo que el Congreso había pedido a la Secretaría de Planeación y Finanzas que le cobrara los 515 millones 174 mil 928 pesos de la sanción, la agente ministerial desarticuló el acto mediático de Anguiano Moreno: “entonces le pediría que vaya a la Secretaría de Planeación y Finanzas a explicar esto mismo, que es la encargada de cobrarle”.

Anguiano Moreno salió de la Fiscalía y agradeció a quienes lo acompañaron y le manifestaron su apoyo; entre ellos estaba el exdiputado local Martín Flores, quien aseguró que Ignacio Peralta Sánchez, como gobernador electo, conocía y estaba de acuerdo con este crédito y que se utilizara para dar liquidez al gobierno que estaba por asumir.

Por su parte, el exmandatario reconoció que la irregularidad en este caso tiene que ver con dos cosas: que el crédito de 638 millones se adquirió a corto plazo y se transfirió a largo plazo de manera incorrecta, “pero no ilegal”; y que el dinero se usó para dar solvencia a las finanzas del estado y no para obra.

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