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Incongruente el liberar a familiares de “El Marro”: Abigail Arredondo

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Por Leticia Jaramillo

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Urge una propuesta integral de combate a la delincuencia organizada, declaró la diputada Abigail Arredondo Ramos, tras afirmar que la liberación de la mamá, la hermana y seis familiares más de José Antonio Yépez Ortíz, alias “El Marro”, es un acto más de incongruencia del gobierno federal.

Indicó no se trata de una guerra por los territorios sino en contra del gobierno, por lo que lamentó las malas decisiones que se han tomado desde el gobierno federal y que plantean la urgencia de contar con la mencionada propuesta.

La coordinadora de la bancada del PRI agregó que en la estrategia para el combate al crimen organizado deben participar no solo el gobierno federal, también los gobiernos de los estados y municipios afectados, ya que “esto va más allá y lo último que queremos es que siga cobrando víctimas inocentes”.

La legisladora pide congruencia y objetividad al presidente Andrés Manuel López Obrador y mano dura para la delincuencia, ya que sólo de esta manera se podrá ir abatiendo la ola de impunidad en la que se encuentra inmerso el país.

Cuestionada sobre la poca severidad de las sanciones a servidores públicos que hacen mal uso de los recursos, ya que pagan multa o servicio comunitario y con se les deja libres, la diputada Abigail Arredondo comentó en el caso de los dos ex funcionarios que trabajaron en la administración de Marcos Aguilar lo que sucedió fue “una reverenda burla”.

Empero, se trata de un asunto federal y las sanciones también son de esa competencia, por lo cual, anunció que presentará una iniciativa en conjunto con los diputados federales de su partido, para incrementar las penas a servidores públicos que desvían los recursos públicos. “Es una burla, una persona que roba un kilo de manzanas en un mercado, pasa más años en la cárcel que estos funcionarios que admitieron hubo un desfalco de más de cuatro millones de pesos” durante la administración de Marcos Aguilar.

Los delitos que cometieron esos funcionarios públicos se deben sancionar con mayor severidad, ya que, dentro de las observaciones al municipio de Querétaro durante la gestión de Marcos Aguilar, también hubo una de 35.6 millones al director administrativo y director de recursos humanos de la secretaría de Servicios Públicos Municipales, quienes suscribieron contrato sin tener por acreditado el servicio que supuestamente prestaron, enfatizó.

 

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