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MEDIDAS EN EL TRANSPORTE PUBLICO DESINFECTAR

Política

LIC Y NOTARIO FRANCISCO GUERRA MALO PRESIDENTE DEL CONSEJO DE NOTARIOS DEL ESTADO DE QUERETARO

Publicado

en

CONCEPTO Y EFECTOS DE LA FE PÚBLICA NOTARIAL

CONCEPTO

Parte primordial del estudio del tema es dar a conocer algunos conceptos como los siguientes:

“Es la fe la garantía de lo que se espera, la prueba de las cosas que no se ven”, decía San Pablo,  El diccionario de la Real Academia Española define a la fe como “creencia que se dé a las cosas por autoridad del que las dice o por la fama pública” (acepción quinta) o “seguridad, aseveración de que una cosa es cierta”

Las acepciones de la fe se refieren básicamente a un acto subjetivo de creencia o confianza, por un lado, y por otro a la seguridad que emana de un documento.

En su uso la palabra fe habla de una convicción interna que una persona puede o no experimentar respecto de algo que no le consta empíricamente. A este tipo de persuasión subjetiva se refirió San Agustín cuando dijo: ” a la fe nadie puede ser obligado”.  En este sentido, se dice que alguien tiene fe o carece de ella.

Por otro lado, lo público parece estar justo en el lado opuesto nos sugiere lo sabido, notorio o conocido, o también lo perteneciente al estado, es decir, a todos (si estamos de acuerdo con la clásica noción de que el estado se compone de población, territorio y gobierno).

Al hablar de fe pública parecería caerse en una contradicción, a menos de que pretendiéramos señalar las creencias subjetivas del estado (si es que semejante cosa pudiera existir), lo que no es el caso. La verdad es que se trata de algo parecido a una paradoja la fe pública se refiere a una proposición en la que todos creemos, o más exactamente, una asepción respecto de un hecho que tenemos que tener por cierta, en virtud de que así la considera el Estado, a través de las leyes que lo organizan.

Enrique Gimenez-Arnau distingue la fe pública, de la fe colectiva La segunda, dice el autor, se refiere a la fe pública en su acepción vulgar, esto es, a la serie de creencias que tiene una sociedad en su conjunto como podría ser la fe que el grupo social experimenta respecto de su sistema político o su futuro como nación Para diferenciar, Gimenez-Arnau considera a la fe pública, jurídicamente hablando, como una “verdad oficial”, que nace no en virtud de un acto cognoscitivo o volitivo, sino por un imperativo jurídico.

Es por ello que, en su acepción técnico-jurídica, la fe (pública) se refiere a algo objetivo, que concierne a todos, valida erga omnes. Al contrario que la fe “interna”, la fe pública no es una creencia, sino una certidumbre que puede o no calificar actos y hechos jurídicos, por eso la fe pública la da el estado.

La forma en que el estado da fe de algo sucede de dos maneras actuando a través de sus propios órganos, dentro de sus respectivas esferas de competencia y por medio de sus representantes, u otorgándole esta facultad a ciertos ciudadanos para que la den en su nombre respecto de ciertos actos o hechos específicos. Por ello se habla de investir al notario con la fe pública Esta investidura se realiza solemnemente (el notario protesta su legal cumplimiento) y está regulada por la ley, fuente necesaria de la ley notarial.

Si bien es cierto que al principio el escribano se hizo presente en la vida jurídica consuetudinariamente, no es sino hasta que el soberano -en aquel entonces el rey. hoy el pueblo a través de sus representantes- lo dispone que se ve recubierto con la fe pública Esa es la razón por la cual Carlos Nicolás Gattari considera a la fe pública notarial como “la fe legitimada” , es decir, regulada por la norma legal cuya creación es el acto de soberanía por excelencia.

Podemos sostener entonces que la fe pública notarial es una especie del género fe pública, considerada esta última como la facultad que tiene el estado para que los hechos o actos calificados con ella deban tenerse por ciertos. Quedan por consignar los elementos de la fe pública notarial, que harían las veces de las diferencias específicas de ésta respecto de la fe pública.

Si seguimos a la Real Academia, la fe pública notarial seria aquella autoridad con la cual ha sido investido el notario, por cuya virtud lo que este dice deben “creerlo” todos. Esta autoritas tiene su fuente en la ley, pues es por medio de ella que el pueblo -titular de la fe pública otorga al notario esa facultad. Al mismo tiempo, la fe pública notarial es formal, pues debe darse siguiendo los requisitos y procedimientos que establecen las normas jurídicas. Por último, es limitada, toda vez que el notario sólo puede dar fe de actos jurídicos y hechos que no sean contrarios a las leyes de orden público o las buenas costumbres, o si corresponde su autorización a otro funcionario (Art. 31 fracción I de la Ley del Notariado).

La doctrina uniforme que se da en buen número de tratados llama fe pública a la calidad de documentos determinados, suscritos por funcionarios cuyas aseveraciones, cumplidas determinadas formalidades, tienen la virtud de garantizar la autenticidad de los hechos narrados, y por consiguiente su validez y eficacia jurídica.

Va de suyo que esa definición refiere a la valoración jurídica de una representación ontológica y se aparta del juicio lógico de la fe como creencia o convicción, En una palabra, la fe pública trasciende del aludido documento y se hace pública por antonomasia.

Se ha dicho autenticidad de lo narrado, que es la verdad de lo acontecido, sin que ello importe sentar juicio subjetivo de la verdad que pertenece de modo absoluto y augusto a la conciencia de los actores Si el contenido de los documentos de fe pública fuera la verdad esencial, estaríamos en presencia de la infalibilidad No existe texto legal alguno, ni sistema jurídico alguno que confiera semejante virtud a los documentos así construidos.

En suma, representaciones que relatan y reproducen hechos de existencia indiscutible en la empresa de reafirmar y confirmar derechos. Verdad valida, con eficacia jurídica, como que para desconocerla la legislación previene que sería en todo caso su falsedad la que deberá probarse en juicio civil o penal.

Seguridad y certeza de los derechos que supone su reciproco respeto, sin lo cual no existiría la paz social. En la misma medida de su creciente complejidad, su protección jurídica requiere un ordenamiento que se logra por instauración de proposiciones normativas fundadas en una conducta social que contempla módulos colectivos de comportamiento. Así quedaría circunscrita la esfera de lo legitimo y la fe que inspira. La certidumbre de que esos derechos, que nos asisten, no dependen de reconocimientos circunstanciales ni surgen de coacción autoritaria, ni que deben esgrimirse con la violencia física de los remotos antepasados, aislados en la aventura de vivir, sin atisbos de que el sentido humano de ese vivir se da en las normas de convivir, esa certidumbre se da con justeza en la fe pública de lenta, pareja y consecuente formación. El derecho es operación espontánea de la sociedad, pero la sociedad es convivencia bajo instancias. De los senos profundos y ultrajurídicos de la sociedad surge, en suma, la ley promovida por las costumbres. La fórmula de Horacio: Leges sine moibus vanae -“las leyes son nulas sin las costumbres”- es uno de los grandes principios sociológicos.

El concepto de fe tiene diferentes acepciones que se refieren básicamente a un acto subjetivo de creencia o confianza, por un lado, a la seguridad que emana de un documento Carral y de Teresa (Derecho notarial.) explica que mediante la fe pública se está en presencia de afirmaciones que objetivamente deben ser aceptadas como verdaderas por los miembros de una sociedad civil, en acatamiento del ordenamiento jurídico que lo sustenta.

Dada la complejidad de las relaciones jurídicas en una sociedad, fue necesario crear todo un sistema a fin de que pudieran ser aceptados como ciertos algunos negocios jurídicos a pesar de no haberse presenciado su realización Este sistema inicia con la investidura de determinadas personas con una función autenticadora a nombre del Estado, de tal manera que su dicho es una verdad oficial cuya creencia es obligatoria.

REQUISITOS

La fe pública tiene los requisitos siguientes:

  1.  Evidencia, que recae en el autor del documento, quien deberá tener conocimiento del acto a fin de que éste produzca efectos para los destinatarios o terceros Antiguamente, explica Carral y de Teresa (Derecho notarial.), se decía que el autor recibe el acto y da fe de él.
  2.  Solemnidad o rigor formal de la fe pública que no es más que la realización de un acto dentro de un procedimiento ritual establecido por la ley.
  3. Objetivación, momento en el que el hecho manado adquiere cuerpo mediante una “grafía” sobre el papel configurando el documento, mismo que produce la fe escrita previamente valorada por la ley.
  4. Coetaneidad, requisito referido a la producción simultánea de los tres anteriores en un solo acto y en la forma prevista por la ley.
  5. Coordinación legal entre el autor y el destinatario.

Son características de la fe pública la exactitud y la integridad. La primera se refiere a la adecuación entre el hecho y la narración, y dota de eficacia probatoria erga omnes al instrumento. Y la segunda proyecta hacia el futuro esa exactitud.

Vale la pena aclarar: cuando digo que el notario ha sido investido cono una autoridad, desde luego no me refiero a la autoridad sentido formal de la palabra (órgano del estado), pues ello me llevaría a sostener que contra los actos de un notario procede juicio de amparo. Uso la palabra como sinónimo de potestad o facultad.

Elaborar el concepto definitivo de la fe pública notarial se encuentra fuera de mi alcance. No obstante, y a sabiendas de que necesariamente tendrá deficiencias, me aventuro a exponer una definición:

Fe pública notarial: Es aquella facultad limitada y formal con la cual el estado, por medio de la ley, enviste al notario con el objeto de que los actos y hechos presenciados por él alcancen el carácter de verdad jurídica.

 

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